Nueva normativa para alquileres turísticos en España: entra en vigor el 2 de julio
A partir del 2 de julio de 2025, el Gobierno español pone en marcha un nuevo sistema de control para los **alquileres turísticos y de temporada**, con el objetivo de frenar el crecimiento descontrolado de este tipo de alojamientos y garantizar mayor transparencia en el sector.
¿Qué cambia con esta normativa?
1. Registro obligatorio de viviendas
Todos los propietarios deberán solicitar un **número identificativo oficial** para poder alquilar legalmente su vivienda con fines turísticos, ya sea de forma completa o por habitaciones. Este número deberá aparecer en todos los anuncios publicados en portales como Airbnb, Booking o Idealista.
Para obtenerlo, será necesario aportar información como:
- Tipo de inmueble y modalidad de alquiler
- Dirección exacta y referencia catastral
- Número máximo de inquilinos
- Finalidad del alquiler (turismo, estudiantes, trabajadores desplazados, etc.)
- Licencia o autorización si la comunidad autónoma lo exige
2. Ventanilla Única Digital.
Se crea una plataforma digital que conectará a los portales inmobiliarios con las administraciones públicas (Ministerio de Vivienda, comunidades autónomas y ayuntamientos).
Los portales deberán compartir información sobre altas, bajas y suspensiones de registros, y realizar inspecciones aleatorias para verificar que los anuncios cumplen con la normativa.
3. Declaración anual obligatoria
Los propietarios deberán presentar cada año un listado anonimizado de los alquileres realizados y el uso que se ha dado a la vivienda. Esta información servirá de base para futuras inspecciones.
4. Control vecinal
El Registro de la Propiedad comprobará si los estatutos de la comunidad de vecinos permiten o prohíben el alquiler turístico en el edificio.
**5. Retirada de anuncios**
Las plataformas estarán obligadas a eliminar cualquier anuncio cuyo número de registro haya sido suspendido por las autoridades.
¿A quién afecta esta normativa?
A todos los propietarios que alquilen viviendas, habitaciones o incluso embarcaciones con fines turísticos o de temporada. También a quienes alquilan a estudiantes o trabajadores desplazados por periodos cortos.
Esta nueva regulación busca equilibrar el mercado inmobiliario, proteger el derecho a la vivienda y garantizar una oferta turística más transparente y legal.
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